Decreto de expulsion es sutituido por Multa

Vega Abogados os ofrece varios casos de éxitos:

2ª Setencia

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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte recurrente formalizó su demanda en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dicte una sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las correspondientes declaraciones en relación con la actuación administrativa impugnada.

SEGUNDO.- Admitida a trámite, se dio traslado de la misma a la Administración demandada, convocando a las partes a una vista, que se celebró el pasado día veintinueve de noviembre, en la que la referida Administración impugnó la demanda. Tras la práctica de las pruebas propuestas quedaron los autos conclusos para sentencia; el Sr. Secretario extendió un acta que está unida a las actuaciones y en aras de la brevedad se da aquí por reproducida.

TERCERO.- En la substanciación de las presentes actuaciones se han observado los preceptos y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En el presente recurso contencioso-administrativo se impugna la resolución de 3 de enero de 2012 del Delegado del Gobierno en Madrid por la que se impuso a la recurrente la sanción de expulsión del territorio nacional con la consiguiente prohibición de entrada en España por un periodo de cinco años, todo ello por ser autor de una infracción administrativa, de carácter grave, prevista en el artículo 53 a) de la LO 4/2000, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, reformada por LO 8/2000, por encontrarse ilegalmente en territorio español por no haber obtenido o haber caducado en más de tres meses la prórroga de estancia, la autorización de residencia o documentos análogos cuando fueren exigibles. En la demanda se acciona una pretensión anulatoria de la resolución impugnada o, subsidiariamente, se sustituya por multa pecumana.

SEGUNDO.- Para la correcta resolución de la presente impugnación conviene comenzar por recordar que el artículo 53. a) de la Ley Orgánica 412000, de 11 de enero, reformada por Ley Orgánica 8/2000, establece como infracción grave el: “Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido o tener caducada mas de tres meses la prórroga de estancia, la autorización de residencia o documentos análogos, cuando fueren exigibles, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de los mismos en  el plazo previsto reglamentariamente”. Si bien es cierto que el artículo

5 5.10 b) de la citada Ley señala que las infracciones graves serán  sancionadas con multa de 301 a 6.000 euros, no puede olvidarse que el artículo 57 de la misma Ley prevé que: “Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a), b), c) y d) del
Art. 53 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo”. La Sentencia de 15 de febrero de 2007 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ Madrid, señala que: “fi este respecto, fa jurisprudencia mas reciente, de fa que son ejemplos [as Sentencias de fa Sara Tercera del Tribuna! Supremo, Sección 5a, dictadas et 21 de abril. de 2006 y 19 de mayo de 2006, en Ios recursos 1448/2003 (IF,(j)J 2006/48870) Y 4011/2003 (IF,(j)J 2006/76675)’ fía declarado que fa posibilidad. que ofrece fa Ley de imponer alternativamente fa sanción de murta o de expulsion de! territorio nacional. a quienes cometan fa infracción prevista en et articulo

53.a) de fa mencionada Ley eJ\ige una ponderación de ras circunstancias concurrentes, de tal manera que será admisihle adoptar fa sanción más grave de  expulsion, desde el. respeto al principio de proporcionalidad, si concurren  circunstancias que así lo aualen, circunstancias que no solo han de referirse a ros  criterios de graduación de ras sanciones a que aiude ei articulo 55.3 de fa Ley,  grado de culpabilidad, daño o riesgo derivado de fa infracción, sino, en genera (cuales sean ras jurídicas o fácticas que determinen tal erección, aunque tales  elementos no se hayan explicuado (esto sena Io deseable} en fa resolución  administrativa, siempre y cuando se desprendan de! procedimiento, y es lo cierto  que, en esta caso, no concurrieron circunstancias fácticas o jurídicas que  justificasen fa decisión administrativa que, por tanto, ha de ser anulada, imponiendo en su rugar fa sanción de multa. Esto es asi, por cuanto no soío no  figura en e[ expediente ninguna circunstancias desfavorabte, además, claro está,  de! hecho de encontrarse irreqularmente en España, que constituye et tipo  sancionado, sino que, por el. contrario, existen elementos de ros que se puede  deducir un cierto arraigo, entendido en sentido amplio y no en el. estricto término juridico a que se refiere e[ articulo 31.1 de fa Ley (situación de arraigo apta para fa concesión de una autorización de residencia temporal) en efecto, consta en ei expediente administrativo que tenia documentación, domicilio conocido y adujo que convivía con un fiennano con residencia regar en España, circunstancia que si no acredito en et expediente, de manera cumplida, fue porque no se re posibiiito por parte de! instructor de! mismo, -w que se su6sanó en ei proceso al que se aporto fa documentación correspondiente-, esta6a empadronado en 7vladrid desde mucho antes de! inicio de! expediente de expuision, tenía tarjeta sanitaria, número de jiúación a fa Seguridad Social; contrato de cuenta corriente bancaria, previo a esas [echa, circunstancias que justificarian que fa sanción a imponer no deberia ser la de expulsion, porque ésta era desproporcionada, dadas ras circunstancias concurrentes, y al haberio así determinado la Sentencia de instancia, ha de ser revocada, estimando el recurso de apetacion , imponiendo en su rugar fa sanción de multa de cuantía de 301 euros. Si alquna duda hubiera existido de que fa expuision era una medida desproporcionada, fa propia - administración fa disipo al otorgarse un posterior permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena, que excluiria, en cualquier caso, ileoar a cabo la expulsion de un extranjero que se encuentra fega{mente en España”, La Sentencia de 12 de marzo de 2008 de la Sección 5a de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ Madrid dispone: ”Delimitado en {os términos expuestos el 06jeto del. presente recurso de apelacion, fiay que destacar ante todo, como se expresa en ia sentencia de esta misma Sección y Sala de 25 de octubre de 2007 (recurso de apelacion número 239/2007)’ que ras sentencias más recientes de Ia Sara Tercera det ‘Iribunat Supremo vienen proclamando, en relacum con ia cuestión que nos ocupa, [o iguiente: 1~ p.[ extranjero que se encuentra iieqalmente en España puede ser sancionado con multa o con expuision. 2~ CEn el sistema de fa Ley Orgánica 4/2000, reformada por Ley Orgánica 8/2000, fa sanción principal es fa de multa, pues así se deduce de su arto 55.1 y de fa propia Iiteralidad’ de su arto 57.1, a cuyo tenor, en {os casos de permanencia iCegaC “podrá aplicarse en rugar de Ia sanción de murta ta expulsion de! territorio nacional”. 3~ CEn cuanto sanción más grave y secundaria, ta expulsion requiere una motivación específica y distinta o complementaria de ia pura permanencia iieqai; ya que ésta es castigada simplemente con murta. 4~ Sin embarqo, resultaria en exceso formalista despreciar esa motivación por e{ hecho d’e que no figure en fa resohuion misma, siempre que conste en ei expediente administrativo.

TERCERO.- Estimándose parcialmente el recurso no cabe realizar pronunciamiento en costas (Art. 139 LJCA). Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Estimando, parcialmente, el recurso interpuesto por ser no ajustada a Derecho la actuación administrativa debo confirmar y confirmo la resolución impugnada en el presente procedimiento, pero se sustituye la sanción de expulsión por la de multa
pecuniaria de 301 euros. No se realiza pronunciamiento en costas. Contra la presente resolución cabe recurso de apelación que podrá interponerse ante éste Juzgado dentro de los quince días siguientes a su notificación. ASÍ, por ésta mí sentencia, de la que se extenderá testimonio para su unión a los autos de que dimana, uniéndose el original al libro de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.

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Vega Abogados os ofrece varios casos de éxitos:

2ª Setencia

https://www.abogadoextranjeriamadrid.eu/wp-content/uploads/Sentencia2.pdf

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte recurrente formalizó su demanda en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dicte una sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las correspondientes declaraciones en relación con la actuación administrativa impugnada.

SEGUNDO.- Admitida a trámite, se dio traslado de la misma a la Administración demandada, convocando a las partes a una vista, que se celebró el pasado día veintinueve de noviembre, en la que la referida Administración impugnó la demanda. Tras la práctica de las pruebas propuestas quedaron los autos conclusos para sentencia; el Sr. Secretario extendió un acta que está unida a las actuaciones y en aras de la brevedad se da aquí por reproducida.

TERCERO.- En la substanciación de las presentes actuaciones se han observado los preceptos y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En el presente recurso contencioso-administrativo se impugna la resolución de 3 de enero de 2012 del Delegado del Gobierno en Madrid por la que se impuso a la recurrente la sanción de expulsión del territorio nacional con la consiguiente prohibición de entrada en España por un periodo de cinco años, todo ello por ser autor de una infracción administrativa, de carácter grave, prevista en el artículo 53 a) de la LO 4/2000, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, reformada por LO 8/2000, por encontrarse ilegalmente en territorio español por no haber obtenido o haber caducado en más de tres meses la prórroga de estancia, la autorización de residencia o documentos análogos cuando fueren exigibles. En la demanda se acciona una pretensión anulatoria de la resolución impugnada o, subsidiariamente, se sustituya por multa pecumana.

SEGUNDO.- Para la correcta resolución de la presente impugnación conviene comenzar por recordar que el artículo 53. a) de la Ley Orgánica 412000, de 11 de enero, reformada por Ley Orgánica 8/2000, establece como infracción grave el: “Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido o tener caducada mas de tres meses la prórroga de estancia, la autorización de residencia o documentos análogos, cuando fueren exigibles, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de los mismos en  el plazo previsto reglamentariamente”. Si bien es cierto que el artículo

5 5.10 b) de la citada Ley señala que las infracciones graves serán  sancionadas con multa de 301 a 6.000 euros, no puede olvidarse que el artículo 57 de la misma Ley prevé que: “Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a), b), c) y d) del
Art. 53 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo”. La Sentencia de 15 de febrero de 2007 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ Madrid, señala que: “fi este respecto, fa jurisprudencia mas reciente, de fa que son ejemplos [as Sentencias de fa Sara Tercera del Tribuna! Supremo, Sección 5a, dictadas et 21 de abril. de 2006 y 19 de mayo de 2006, en Ios recursos 1448/2003 (IF,(j)J 2006/48870) Y 4011/2003 (IF,(j)J 2006/76675)’ fía declarado que fa posibilidad. que ofrece fa Ley de imponer alternativamente fa sanción de murta o de expulsion de! territorio nacional. a quienes cometan fa infracción prevista en et articulo

53.a) de fa mencionada Ley eJ\ige una ponderación de ras circunstancias concurrentes, de tal manera que será admisihle adoptar fa sanción más grave de  expulsion, desde el. respeto al principio de proporcionalidad, si concurren  circunstancias que así lo aualen, circunstancias que no solo han de referirse a ros  criterios de graduación de ras sanciones a que aiude ei articulo 55.3 de fa Ley,  grado de culpabilidad, daño o riesgo derivado de fa infracción, sino, en genera (cuales sean ras jurídicas o fácticas que determinen tal erección, aunque tales  elementos no se hayan explicuado (esto sena Io deseable} en fa resolución  administrativa, siempre y cuando se desprendan de! procedimiento, y es lo cierto  que, en esta caso, no concurrieron circunstancias fácticas o jurídicas que  justificasen fa decisión administrativa que, por tanto, ha de ser anulada, imponiendo en su rugar fa sanción de multa. Esto es asi, por cuanto no soío no  figura en e[ expediente ninguna circunstancias desfavorabte, además, claro está,  de! hecho de encontrarse irreqularmente en España, que constituye et tipo  sancionado, sino que, por el. contrario, existen elementos de ros que se puede  deducir un cierto arraigo, entendido en sentido amplio y no en el. estricto término juridico a que se refiere e[ articulo 31.1 de fa Ley (situación de arraigo apta para fa concesión de una autorización de residencia temporal) en efecto, consta en ei expediente administrativo que tenia documentación, domicilio conocido y adujo que convivía con un fiennano con residencia regar en España, circunstancia que si no acredito en et expediente, de manera cumplida, fue porque no se re posibiiito por parte de! instructor de! mismo, -w que se su6sanó en ei proceso al que se aporto fa documentación correspondiente-, esta6a empadronado en 7vladrid desde mucho antes de! inicio de! expediente de expuision, tenía tarjeta sanitaria, número de jiúación a fa Seguridad Social; contrato de cuenta corriente bancaria, previo a esas [echa, circunstancias que justificarian que fa sanción a imponer no deberia ser la de expulsion, porque ésta era desproporcionada, dadas ras circunstancias concurrentes, y al haberio así determinado la Sentencia de instancia, ha de ser revocada, estimando el recurso de apetacion , imponiendo en su rugar fa sanción de multa de cuantía de 301 euros. Si alquna duda hubiera existido de que fa expuision era una medida desproporcionada, fa propia - administración fa disipo al otorgarse un posterior permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena, que excluiria, en cualquier caso, ileoar a cabo la expulsion de un extranjero que se encuentra fega{mente en España”, La Sentencia de 12 de marzo de 2008 de la Sección 5a de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ Madrid dispone: ”Delimitado en {os términos expuestos el 06jeto del. presente recurso de apelacion, fiay que destacar ante todo, como se expresa en ia sentencia de esta misma Sección y Sala de 25 de octubre de 2007 (recurso de apelacion número 239/2007)’ que ras sentencias más recientes de Ia Sara Tercera det ‘Iribunat Supremo vienen proclamando, en relacum con ia cuestión que nos ocupa, [o iguiente: 1~ p.[ extranjero que se encuentra iieqalmente en España puede ser sancionado con multa o con expuision. 2~ CEn el sistema de fa Ley Orgánica 4/2000, reformada por Ley Orgánica 8/2000, fa sanción principal es fa de multa, pues así se deduce de su arto 55.1 y de fa propia Iiteralidad’ de su arto 57.1, a cuyo tenor, en {os casos de permanencia iCegaC “podrá aplicarse en rugar de Ia sanción de murta ta expulsion de! territorio nacional”. 3~ CEn cuanto sanción más grave y secundaria, ta expulsion requiere una motivación específica y distinta o complementaria de ia pura permanencia iieqai; ya que ésta es castigada simplemente con murta. 4~ Sin embarqo, resultaria en exceso formalista despreciar esa motivación por e{ hecho d’e que no figure en fa resohuion misma, siempre que conste en ei expediente administrativo.

TERCERO.- Estimándose parcialmente el recurso no cabe realizar pronunciamiento en costas (Art. 139 LJCA). Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Estimando, parcialmente, el recurso interpuesto por ser no ajustada a Derecho la actuación administrativa debo confirmar y confirmo la resolución impugnada en el presente procedimiento, pero se sustituye la sanción de expulsión por la de multa
pecuniaria de 301 euros. No se realiza pronunciamiento en costas. Contra la presente resolución cabe recurso de apelación que podrá interponerse ante éste Juzgado dentro de los quince días siguientes a su notificación. ASÍ, por ésta mí sentencia, de la que se extenderá testimonio para su unión a los autos de que dimana, uniéndose el original al libro de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.

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